LA UCR EN LA SESIÓN EN EL SENADO

Caso Fibertel, Facultades Delegadas y Papel Prensa
SANZ: “El Congreso reabsorbe sus facultades plenamente”
“Las facultades delegadas se cayeron y el mundo siguió andando”, aseguró el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, en la sesión de la Cámara alta, esta tarde, miércoles 25 de agosto, y agregó que “el Congreso reabsorbe sus facultades de manera plena”.
En el mismo sentido, el mendocino explicó que “el trabajo de la Comisión Bicameral destaca que el nudo incluye alrededor de 300 leyes con delegación de facultades que podemos clasificar 4 grupos. Leyes de naturaleza tributaria, financiera o económica; de materia penal, seguridad y defensa; de temática electoral, partidos políticos, ambiental y justicia; y de materia comercial, salud, trabajo y seguridad social”.



“La UCR es el primer partido político que da una señal clara en relación a las facultades delegadas que el Congreso acaba de reabsorber. Ahora habrá que ver cómo decide el gobierno tratar las delegaciones, si con lotes de leyes o ley por ley”, destacó el senador.
MORALES: “Como lo advertimos, el proyecto del gobierno es la concentración de la información”
“Como lo advertimos cuando debatimos la Ley de Medios, el objetivo es la concentración de la información: El gobierno sigue aumentando los gastos en publicidad oficial; el programa Fútbol para Todos ya lleva gastados, en dos campeonatos, más de 900 millones de pesos casi sin espacio para anunciantes privados; cada vez mas faltan voces diferentes en los medios públicos”, aseguró el jefe de los senadores radicales, Gerardo Morales, quien agregó que “existe un plan del gobierno tendiente a la creación de una plataforma comunicacional de base electoralista de modo de garantizar la difusión de un mensaje único, acallando las voces de quienes podían pensar diferente”.
En el inicio de la sesión en el Senado, esta tarde miércoles 25 de agosto, Morales destacó que “en medio de la lucha entre el gobierno y el Grupo Clarín, están los usuarios del servicio de Internet Fibertel SA”.
“Mas allá de la situación particular de la Resolución tomada por el ministerio de Infraestructura, la Constitución nacional tutela los derechos de usuarios y consumidores en su artículo 42 donde prescribe que deben recibir ´una información adecuada y veraz´, así como advierte que ´tienen derecho a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno´”, apuntó el radical quien presentó un proyecto para que el Senado declare “la necesidad de que el Defensor del Pueblo de la Nación se presente ante la Justicia Nacional a través de una acción de amparo colectivo, contra la Resolución 100/2010 de la Secretaria de Comunicaciones de la Nación”.
El jefe de la bancada radical recalcó, además, que “es preocupante que los usuarios queden rehenes de una lucha entre el gobierno y un grupo económico”.
La iniciativa replica, incluso, una nota remitida, días pasados, por el Bloque UCR al Defensor del Pueblo donde fundamentan la necesidad de una acción colectiva en defensa de los derechos de los usuarios de Fibertel.
“La Resolución 100/10, del 19 de agosto de 2010 de la Secretaria de Comunicaciones de la Nación, afecta en forma grave y lesiona, restringe, altera y amenaza con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos y garantías que les corresponde y poseen todos los habitantes de la Nación Argentina, previstos y contemplados en nuestra Constitución Nacional, especialmente los Derechos y Garantías contemplados para la protección y defensa de los Consumidores y Usuarios (Artículo 42), entre ellos el derecho a la información, de acceso al consumo, y muy especialmente el derecho de elección y de sus intereses económicos, así como también el derecho a la información pública y el derecho a la libertad de expresión (artículos 14 y 32, 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 19 del Pacto de San José de Costa Rica”, dicen los radicales.
“Asimismo, -continúan- solicitamos que se requiera de la Justicia que ordene al Poder Ejecutivo el inmediato cese de lo dispuesto por la Resolución 100/10 y todo acto administrativo emitido en su consecuencia.” “Es el Estado el principal obligado a dar protección y tutela a quienes puedan resultar afectados, como partes más débiles, en las relaciones del consumo”, añaden los opositores.
Recordó Morales que el gobierno “reacciona 7 años después de otorgar la fusión de Cablevisión y Multicanal. Con la empresa Papel Prensa, también. Va a venir bien que el Congreso ventile todos estos temas en un debate profundo”. “Es importante que se sepa qué paso cuando recuperamos la Democracia, con el Juicio a las juntas militares y, también se desnude qué paso desde el golpe de Estado y antes”, agregó el jujeño quien insistió en el proyecto kirchnerista de “mensaje único”.
“El caso Fibertel se inscribe en esa misma acción de concentración del manejo de la información”, apuntó y subrayó que “el gobierno no tiene problemas con los monopolios. Para él hay monopolios buenos, los que hablan bien de la Presidente, y monopolios malos, los que hablan mal”.
Finalmente, Morales rescató la importancia del debate. “Está muy bien la discusión del proyecto de poder para llegar a la verdad. Pero no la verdad de Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri, justamente quienes aniquilaron la verdad de las estadísticas en el INDEC”.
ALFONSIN: "EL RELATO DEL GOBIERNO RESULTA MUY SOSPECHOSO"
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Alfonsín, sostuvo que "la reacción de la oposición y de la opinión pública hizo que el gobierno desistiera de su intención de avanzar, sin competencia legal para hacerlo, sobre la intervención o expropiación de Papel Prensa, lo que hubiera sido una decisión de gravedad institucional extrema".
Con relación a la denuncia y el relato de la presidente acerca de la forma en la que habría sido adquirida Papel Prensa, Alfonsín señaló que "debe ser la justicia y no el Poder Ejecutivo la que dirima la cuestión mediante una investigación que otorgue todas las garantías propias del Estado de Derecho".
Sin perjuicio de ello, manifestó que "todo el relato resultaba muy sospechoso. Entre otras cosas llama la atención que durante 27 años no se haya formulado una sola denuncia sobre el tema, a pesar de que los que vendieron Papel Prensa tuvieron la oportunidad de hacerlo. Más bien, en distintas ocasiones reconocieron que la venta de la empresa papelera nada tenía que ver con las persecuciones de la dictadura. En el juicio durante el período democrático que culminó con la indemnización al Grupo Graiver jamás hubo denuncia ni reclamo alguno con relación a la venta de Papel Prensa. Refuerza además las dudas el hecho de que el gobierno en distintas oportunidades ha actuado como creyendo que todo, o casi todo, vale en política. En varias ocasiones han demostrado que actúan según esa convicción".
"En suma, dijo Alfonsín, nuestra incredulidad sobre el relato del gobierno se debe a que durante 27 años nadie dijera nada al respecto o dijera todo lo contrario, y en la idea de que desde el gobierno se actúe sobre el principio de que el fin justifica los medios."